María del Pilar y el niño -con parálisis cerebral y baja visión- se enfrentan a diario a unas escaleras que dificultan la salida del edificio en el que viven y, de paso, luchan contra la intolerancia.

Cuenta que ante esta situación le solicitó a la administración que construyera una rampa para poder bajar del ascensor al primer piso y salir del conjunto."Como no existe la rampa debemos salir siempre en la silla de ruedas por el parqueadero que tiene una inclinación muy elevada, y enfrentar -además- el peligro de la entrada y la salida de carros. "Sin embargo, me he encontrado con las puertas de las mentes cerradas pues a muchas de las personas de esta administración les parece difícil y costoso hacer una rampa Yo, como miembro de este consejo, sé que no es difícil y que es cuestión de voluntad", agrega.

Surge, entonces, una pregunta recurrente: ¿Por qué ante la falla inicial que dejan los arquitectos al no construir las rampas que requieren los discapacitados, los administradores de edificios y conjuntos se niegan a resolver este problema de movilidad? "Atender estas solicitudes no es un asunto de compasión ni caridad. Es una obligación de solidaridad que regulan las leyes 361 de 1997 y 762 del 2000, y el Decreto 1538 del 2005", asegura Sonia Verswyvel, especialista y consultora en discapacidad y movilidad.

María del Pilar recuerda que envió un proyecto escrito de cómo hacer la rampa pero como respuesta ha recibido comentarios como: "'Siga saliendo por ahí, qué problema tiene o cámbiese de edificio'. Sólo les pido que reflexionen, que piensen no solo en mi caso sino en todas las personas con discapacidad. "Con la situación de violencia de este país, día a día se vienen dejando personas mutiladas, ciegas y en situaciones muy delicadas. Es necesario que una ciudad como la nuestra empiece un proceso real de accesibilidad", indica.

María del Pilar explica que en noviembre el consejo evaluó el tema y decidió llevar el tema a la asamblea de marzo de este año y que la administradora le pidió que realizara una encuesta para conocer la opinión de los residentes. "Yo pienso que no debo hacerla sino esperar a la asamblea. Espero que ésta solicitud sea aprobada y no dejen pasar mucho tiempo por indiferencia o desinterés", agrega.

Con la ley a su favor Por su parte, Sonia Verswyvel explica que estas leyes y decretos dan derechos a la igualdad y a la no discriminación, y reafirman la dignidad e igualdad que son inherentes a todos los seres humanos.

De hecho, el decreto 1538 del 2005 dice que los edificios nuevos deberán incluir las normas técnicas y que cuando se trate de un conjunto residencial, de una o varias edificaciones, las rutas peatonales deben cumplir las condiciones de accesibilidad de manera que se asegure la conexión entre espacios y servicios comunales del conjunto o agrupación y con la vía pública.

"La ley 361 de 1997 ordenó que en todos los edificios y conjuntos -antes de cuatro años- se adecuaran los espacios físicos y se eliminaran las barreras arquitectónicas para que cualquier persona con problemas de movilidad (permanente o temporal) pudiera desplazarse libremente. "Los términos se vencieron hace varios años y ni el gobierno ni los conjuntos han cumplido", denuncia la abogada Silvia Vega, quien instauró una acción de cumplimiento de la ley, trámite que está en curso.

"También es importante que los propietarios se concienticen de que discapacidad no es sólo cuando alguien está en silla de ruedas. También tienen problemas de movilidad quienes temporalmente están lesionados y deben usar muletas o caminadores, los adultos mayores y las madres embarazadas o que conducen a sus bebés en los coches.

Hoy por mi, mañana por ti. Una situación como esta puede llegarle directa o indirectamente a todos los ciudadanos", concluye Verswyvel.